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El Perú necesita atraer mejores inversiones externas para dinamizar  la economía nacional. Las proyecciones de que el PBI crezca a un ritmo de 4 %  en 2019 aún son inciertas. Acelerar el  despegue económico mediante la activación del portafolio de proyectos de ProInversión debería incorporar un nuevo esquema innovador de apertura hacia mejores oportunidades globales, de éxitos y de alto impacto para el país. Existen 58 proyectos del 2019 al 2021, con USD 10 323 000.

Es imprescindible una renovada visión de 360° para innovar y transformar los problemas estructurales del país: priorizar la erradicación de las brechas de la anomia social, disminuir las tensiones de conflictividad social y ambiental del sector extractivo, disminuir la pobreza extrema, erradicar el analfabetismo, entre otros desafíos sociales y económicos latentes en el ámbito de ejecución de los proyectos de inversión pública y privada. Las empresas tendrían mayor éxito si solucionaran los componentes sociales con la estrategia de valor compartido.

El Perú y los demás países latinoamericanos están inmersos en la vorágine de la corrupción política, económica e institucional, con actores envueltos en interminables procesos judiciales e investigaciones penales que hacen tambalear a los gobiernos. Además, desde hace tres años, distrae la buena gobernabilidad. Para salir del atolladero político, los nuevos contratos fomentados por ProInversión deben garantizar la transparencia e integridad en los procesos de licitaciones públicas. Así se legitimará la estabilidad de los contratos suscritos, a fin de no volver a repetir la vergonzosa historia de los últimos proyectos paralizados por corrupción (Gasoducto Sur Peruano, Aeropuerto de Chincheros, etc.).

Las empresas postoras a las licitaciones deberían considerar en sus propuestas la generación de valor compartido, en el marco de la ejecución de los proyectos concesionados. Por ejemplo, las empresas que ganaron la buena pro para la instalación de la red de transporte de fibra óptica, no solo deben tender redes de transporte de cables para el ancho de banda y la sensibilización a la población. También deberían diseñar sinergias institucionales para la conectividad y el aprovechamiento educativo y formativo con el uso intensivo de las TIC y el Internet. Esto permitirá el salto exponencial al uso de las nuevas tecnologías y el ingreso a la era digital y del conocimiento,  así como la integración de los habitantes de las diferentes regiones del país. Si las empresas que ejecutan estos grandes proyectos de interés nacional no toman la iniciativa de liderazgo para hacer suyos los desafío sociales y económicos en su ámbito geográfico de acción, las futuras operaciones estarán condenadas a fracasar, con evidentes situaciones de caos, rechazo, hostilidad e incertidumbre, sin licencia social. Las acciones de responsabilidad social no son suficientes ante las expectativas por beneficios que esperan las poblaciones.

Además, desde la percepción colectiva, la recuperación de la inversión de activos que demanden las obras no será percibidos como éticos. Al contrario, serán vistos como un lucro económico a expensas del aprovechamiento y la afectación a las poblaciones, con impactos y cambios negativos. Además, se mantendrá el statu quo social con reproducción de la frustración colectiva y el declive de las oportunidades. En el caso minero, en la actualidad el mercado de minerales y metales ya certifican la procedencia de minerales libres de conflictos.

Cada compañía obedece a su cultura corporativa y lineamientos éticos. Por ejemplo, la empresa de alta tecnología Intel, en su cadena de suministros, asegura que los minerales o metales procedentes de las zonas de conflicto no terminen en sus dispositivos informáticos. En sus procesos de valor solo utiliza recursos de minerales libres de zonas de conflictos, lo que significa mejores oportunidades económicas para las familias y seguridad para los mineros y la sociedad. En el caso peruano, todavía no es suficiente la gestión de los programas de responsabilidad social de las empresas. Sabemos que solo el 5 % de las empresas en el país implementan estos programas.

La creación del valor compartido se produce cuando las empresas alinean y articulan su capacidad creadora de negocios con las necesidades, desafíos e intereses de la sociedad. Cuando ambos aspectos se dan al mismo tiempo, decimos que se ha creado valor compartido para la sociedad. 

La razón de ser de las empresas es generar riqueza en el marco de sus negocios. Por eso, es importante aprovechar la capacidad e infraestructura corporativa para la creación de mayores oportunidades en las cadenas de valor y vencer los desafíos y condiciones de vulnerabilidad presentes en la zona de ejecución de los proyectos. Para lograrlo, es prioritario romper las barreras que traban la competitividad.

¿CÓMO HACER QUE SUCEDA?

 Los ministerios, desde sus carteras de proyectos demandados, deben rediseñar los términos de referencia para considerar la estrategia de valor compartido en las nuevas bases de las licitaciones. En tanto, los postores deben presentar una real propuesta de valor compartido, con viabilidad factible a la estrategia y en concordancia al tipo de proyecto, que debe estipularse en el contrato de concesión.

ProInversión no solo debe ser un medio para entregar proyectos, sino que debe saber evaluar la maximización de oportunidades para el país. Si estos grandes proyectos nacionales no tienen la estrategia de valor compartido en las licitaciones, no podrán apalancar mayores beneficios tangibles para la sociedad, ya sea desde:

  • Los proyectos de iniciativa privada autofinanciada (IPA), proyectos de iniciativa privada  cofinanciada (IPC) y los proyectos en activo bajo el marco del DL 674.
  • En la etapa de la elaboración del diseño de los proyectos APP (estructuración) se necesita incorporar la estrategia de creación de valor compartido.

¿ENTONCES, CUÁL ES EL ROL PROMOTOR DEL GOBIERNO EN LA CREACIÓN DE VALOR COMPARTIDO?

Básicamente son dos:

I. La tarea del Gobierno es canalizar el desarrollo y el progreso de las poblaciones del país mediante condiciones de infraestructura (conscientes de que los recursos previstos en las inversiones públicas no son suficientes para atender las necesidades y demandas de la población).

II. Establecer alianzas con intereses compartidos y beneficios mutuos de alto impacto. El aparato estatal tiene la gran oportunidad de establecer alianzas reales de cooperación y sinergias con las empresas que tengan la estrategia de valor compartido (clúster por sectores productivos).

Ninguna empresa opera de forma aislada o autónoma. Cada negocio se desenvuelve en un ecosistema donde las condiciones sociales adversas pueden restringir las operaciones, declinar la productividad, mermar el mercado y afectar a los proveedores y distribuidores. Por ejemplo, las empresas mineras interactúan en distintos escenarios frágiles y coexisten con poblaciones rurales donde prevalecen las normas culturales que redefinen las demandas de la licencia social para operar.

En este ámbito, el valor compartido es, principalmente, una estrategia de negocio. Sin embargo, los Gobiernos pueden crear las condiciones necesarias para acelerar la adopción y la implementación de estrategias de valor compartido en distintos niveles y sectores productivos.

Además, los Gobiernos deben fomentar la cultura de valor compartido e incorporar al sector privado en la agenda de desarrollo nacional mediante la adopción de seis roles claves:

1. Actuar como un intermediario de conocimiento.
2. Congregar a los actores claves.
3. Actuar como un socio operativo.
4. Cambiar el perfil riesgo/beneficio.
5. Crear un entorno regulatorio propicio.
6. Ejecutar los proyectos estratégicos para el soporte operacional, con infraestructura y seguridad jurídica de las inversiones.

¿POR QUÉ NECESITAMOS INGRESAR A LA OCDE?

Para pertenecer a la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), el Perú debe tener progresos en distintos tópicos. La OCDE asiste a los Gobiernos para enfrentar los retos económicos, sociales y de gobernabilidad en un contexto de la economía globalizada.

 Fuente: ProInversión

El Perú está en camino a la OCDE. Es una agenda pendiente que debe concretarse antes del bicentenario del 2021: la membresía de pertenecer a una instancia mundial de prosperidad. El objetivo principal del Programa País OCDE-Perú, iniciado en 2014, es mejorar las políticas públicas y apoyar el proceso de reformas del Perú. El Programa País se ha enfocado en cinco áreas prioritarias: remover las barreras al crecimiento, gobernanza pública, anticorrupción e integridad en el sector público, capital humano y medioambiente.

El futuro ingreso del Perú a la OCDE beneficiará al país con ventajas competitivas y consolidará la gestión de buenas prácticas en el sector público, como la mejora de la calidad en las áreas de educación, salud, seguridad, anticorrupción y medioambiente.

El Perú, como miembro de este organismo, gozará de mayor credibilidad, confianza y visibilidad mundial, y será más atractivo para las verdaderas inversiones de alto impacto. Dejaremos de ser un país de riesgos e inestabilidad para participar en el cónclave de los 37 países más ricos del mundo, competiremos con nuestros vecinos Chile, México y Colombia y jugaremos en las ligas mayores con nuestros pares.

En este contexto, el sector privado también alinea sus negocios para fomentar los estándares mediante la aplicación de las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas. Esta es una herramienta útil en la conducción responsable de los negocios, con la que se establecerá una base de confianza compartida entre las empresas, las localidades y el Gobierno donde se desarrollen actividades con el modelo de “triple hélice”. Este incluye a las instancias claves de la sociedad: el Estado, el sector privado y las localidades impactadas por las inversiones.

Además, en esta estrategia corporativa, el valor compartido no reemplazará a la responsabilidad social empresarial. Los programas de responsabilidad social tienen que continuar ejecutándose de forma planificada. La estrategia inicial es saber crear las condiciones claves para incorporar valor compartido, que consiste en atraer la dimensión social y económica, a la estrategia base y operativa del negocio de la empresa.

Significa encontrar y desarrollar mejores ventajas competitivas para crecer, es decir, incrementar ganancias que también beneficien a la sociedad. Esta nueva forma de diferenciación con los competidores tiene que reflejarse en un impacto social y económico real, positivo, transformador y escalable, con un alto valor.

Por: Rolando Hinostroza, director de Operaciones de Valor Compartido de GAE PERÚ.

Fecha:18-02-2019.